El Gobierno, a través del ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, presentó ayer una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien liberó a 114 detenidos acusados de protagonizar disturbios durante la marcha por los jubilados en inmediaciones del Congreso, el pasado miércoles.
La acusación contra la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la ciudad de Buenos Aires es por los presuntos delitos de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y hasta encubrimiento agravado.
De acuerdo a la denuncia motorizada por Bullrich, la magistrada falló sin analizar las pruebas, considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales.
Según se lee en la denuncia, la jueza dictó su resolución “a través de WhatsApp, sin dejar un registro oficial de su decisión y sin dar intervención formal a la Fiscalía”.
Por su parte, la jueza aseguró que su decisión se basó en la protección del derecho constitucional a la protesta y la libertad de expresión.
Esta es la segunda denuncia que presenta el Gobierno, luego de que señalara como posibles responsables de los episodios de violencia al exlíder montonero Mario Firmenich; a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y a grupos organizados a los que acusó por los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación Ilícita agravada.
La mira en los barras
Entre los apuntados por el Gobierno hay también dirigentes y barrabravas de clubos de fútbol que habrían promovido o participado de la marcha en apoyo a los jubilados.
En ese sentido, Bullrich, anunció ayer que ya ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley “Antibarras”, que “tipifica el delito en un tipo de asociación ilícita especial, como una organización criminal”.
De acuerdo a lo explicado por la ministra, “se amplía a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barrasbravas, como aquellos mecanismos que generan un tipo de financiamiento avalado por las conducciones de los clubes”. Se hace foco así en los dirigentes que permitan estas prácticas, previendo sanciones de cárcel para ellos, en caso de que se demuestre una relación de connivencia o apoyo logístico a los barras.
Según advirtió la funcionaria en conferencia de prensa, de aprobarse las iniciativa, “los que generan violencia no van a poder ingresar a los estadios” de fútbol.
El proyecto, se insistió, busca tipificar a las barras como un tipo especial de asociación ilícita y, por ende, ser tratadas como organizaciones criminales. Se pretende de esa manera contrarrestar los vacíos legales que hasta ahora permitían a las barrasbravas actuar “prácticamente con impunidad”.
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